MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA, ¿Cosa distópica?

Bien, antes de publicar esta entrada, debo decir que la realicé con fines académicos -aunque no lo pareciera-, y he tratado de adaptarla a mi blog.

 

La guerra es la paz,

la libertad es esclavitud,

La ignorancia es la fuerza.

–1984, George Orwell.

¿Acaso estamos ante el nuevo Big Brother? No lo sé, pero el hecho es que muchos de los acontecimientos recientes en Venezuela, por alguna razón y por más extraño que parezca, me resultan muy análogos a los que mencionaba Orwell, claro, no a tales proporciones; pero la sistemática privación de la esencia del ser, las progresivas violaciones de Derechos Humanos, y el afianzamiento casi dantesco de lo que responde a las características de un régimen totalitario que busca por diversos mecanismos hacerse con el control total de la sociedad venezolana, me hace pensar que es justamente ese el rumbo que sigue nuestro gobierno.  Sin embargo, a pesar de lo antes mencionado, haré el máximo esfuerzo por analizar objetivamente los ya mencionados acontecimientos, claro, sin dejar de recurrir a las analogías que no se deben tomar más que para la comprensión del texto, y los antecedentes, que, –en mi opinión– dan cabida a los acontecimientos que actualmente vivimos

Es casi imposible pensar en un sistema democrático sin que exista en aplicación el principio de la división de poderes, de la que primitivamente escribía Locke y posteriormente desarrollaría con más profundidad Charles Montesquieu; eso significaría pues, un descalabro al sistema, pudiéndose volver a los terribles regímenes fascistas de los cuales ya conoce bastante la sociedad europea, o incluso, yéndonos más a la antigüedad, –y siendo más pesimistas– a los regímenes absolutistas que dieron paso a las revoluciones del siglo XVII y XVIII, y que terminaron desencadenando en la lucha por la conquista de los principales valores y principios que propugnan las sociedades actuales.

En Venezuela, si bien existe la separación de poderes, se podría decir que contiene la interrogante de su efectivo cumplimiento, pues es evidente el favorecimiento casi descarado de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, al Ejecutivo, lo que hace quedar al poder Legislativo en un aislamiento Judicial y de proceder, pues “no goza de legitimidad” según los antes mencionados poderes.

Es preocupante que una sociedad del siglo XXI posea un sistema de gobierno como el ya antes mencionado, que menoscabe y viole el principio de la democracia, y más aun estando éste positivado en su Carta Magna.

La Misión Justicia Socialista, establece desde su inicio una violación a los Derechos Fundamentales, y a la Carta Magna en sí misma; y resulta además curioso que uno de CONSIDERANDOS, el decreto cite al segundo artículo de la misma:

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Véase el Artículo 2 de nuestra Constitución:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Nótese pues, que he subrayado deliberadamente el último valor superior que menciona el Artículo, pues es evidente también que al señalar todo aquello del nuevo modelo de sociedad socialista, se denota, sin mucho esfuerzo el ímpetu discriminatorio de dicha misión, pues confirma lo que ha dicho su propio nombre; justicia, sólo para socialistas…

El artículo 21 de la CRBV establece que:

Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:

  1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
  2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
  3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas.

4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.

Meritorio es también recalcar que desconoce completamente lo establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución, de inicio a fin; pues resulta excluyente al solamente incluir a un sector universitario, los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, mencionando que serán éstos los partícipes en el proceso de desarrollo de este nuevo sistema de Justicia; que, inconclusamente nos deja a entrever el decreto que será el nuevo sistema primario.

Es ilógico e incoherente pensar que una Misión que atenta en contra del pluralismo político pueda ocupar a futuro el rol fundamental de la aplicación de Justicia, pues resultaría eso un golpe al acceso a la justicia, y desencadenaría en otra barrera más de las ya varias existentes para el acceso a la misma.

La tutela judicial efectiva también se ve vulnerada, pues al poseer un sistema de Justicia ideologizado no hay garantía alguna de que no exista perjuicio alguno en contra del sujeto, que –dicho sea de paso– también constituiría un perjuicio en contra del debido proceso.

Es quizás muy precipitado adelantarse a los hechos, pero es evidente que esto no pinta para nada bien; pues, se ven comprometidas las integridades de los entes y organismos públicos por este nuevo sistema, en especial el judicial; ya que esto constituiría, además de la vulneración del derecho al trabajo a los juristas –el decreto establece asesoría gratuita–, derecho al trabajo se positiva en el artículo 112 de la CRBV; el manejo de una justicia paralela, que no está contemplada en nuestra Carta Magna, y peor aún, dirigida desde el Poder Ejecutivo.

No resulta a esta altura tan interesante que el máximo Tribunal de la República haya permitido la efectiva vigencia de este decreto, pues es un Tribunal que confirma que obedece a fines ideológicos al aceptar formar parte –casi como subordinado– de esta Misión.

Tampoco se puede pensar en la Misión Justicia Socialista como un medio alternativo de resolución de conflictos, pues nuestra Carta Magna establece el proceder al respecto; pudiéndose sí tomar a esta Misión como un instrumento para afianzarse en el poder de un gobierno que no demuestra el mínimo espíritu democrático.

El Ingsoc de Orwell contaba con el Ministerio de la Verdad; nosotros con la Misión Justicia Socialista y el Viceministerio de la Suprema Felicidad. ¿Será que un tal ídolo sea comparable con el Big Brother?

La analogía resulta hasta un tanto desencajada, pero ese pareciera el rumbo que lleva el gobierno venezolano.

Franklin Acuña Mendoza.

02/2017

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